La realidad de la seguridad en Bolivia: 80% de los detenidos recuperan su libertad en el país

Datos del Ministerio de Gobierno revelan que aproximadamente el 80% de las personas detenidas por delitos como robo en Bolivia fueron liberadas en 2023, planteando preocupaciones sobre la efectividad del sistema judicial.

Según información del Ministerio de Gobierno, aproximadamente el 80% de las personas detenidas por delitos como robo y otras contravenciones contra la seguridad ciudadana en 2023 fueron puestas en libertad como resultado de acciones legales.

La Dirección General Régimen Penitenciario reportó que durante ese año se registraron 21,330 denuncias por delitos contra la propiedad privada, marcando la cifra más alta desde el inicio del registro en 2015.

Estas denuncias abarcan una variedad de delitos, incluyendo hurtos, robos simples y agravados, abigeato y jukeo. De estas denuncias, 2,931 personas fueron enviadas a centros de reclusión, pero sorprendentemente 2,411 lograron recuperar su libertad. Además, aproximadamente 500 personas, aunque fueron condenadas, se beneficiaron de penas de dos años que no implicaban prisión.

El Ministro Eduardo del Castillo cuestionó la efectividad del sistema jurídico nacional actual, argumentando que el trabajo de la Policía y el Ministerio Público pierde sentido si los delincuentes son liberados meses después de su detención.

Propuso una nueva legislación, denominada informalmente como ‘Bukele’, inspirada en las reformas implementadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador en 2019. Este proyecto busca descongestionar el sistema judicial, combatir la impunidad y proporcionar respuestas rápidas a los delitos contra la propiedad.

Además, contempla el uso de mano de obra carcelaria para construir nuevas cárceles, con el objetivo de mejorar las condiciones penitenciarias y abordar el problema de la sobrepoblación en las prisiones.

El término ‘Bukele’ se refiere a las reformas legales y políticas implementadas en El Salvador, que incluyeron el establecimiento de un “régimen de excepción” que permitía detenciones sin orden judicial y ampliaba el tiempo máximo de detención.

Estas medidas fueron adoptadas para combatir el crimen organizado, particularmente las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Aunque Bolivia presenta una tasa de homicidios más baja que El Salvador, el gobierno de Del Castillo considera que la implementación de estas medidas podría mejorar la seguridad ciudadana sin incurrir en gastos adicionales para el Tesoro Nacional.