El exministro de Defensa, Luis Fernando López, solicitó refugio a Paraguay
Luis Fernando López es acusado en Bolivia por los casos Senkata y Sacaba, además del caso Gases Lacrimógenos
Luis Fernando López es acusado en Bolivia por los casos Senkata y Sacaba, además del caso Gases Lacrimógenos
El exministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, solicitó refugio a Paraguay. Así se conoció a través de un reporte del medio El Observador. El medio de comunicación señala que la fiscal Lourdes Samaniego solicitó suspender el proceso de extradición de López porque hay un proceso de solicitud de refugio que está en revisión.
“La interposición de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado suspende la tramitación de cualquier solicitud de extradición hasta tanto sea resuelto el pedido de refugio por la Comisión Nacional de Refugiados. En consecuencia, el Ministerio Público, solicita al juzgado la suspensión del trámite de la extradición de López Julio, por los fundamentos expuestos precedentemente”, dice parte del documento.
En ese sentido, señala que, en caso de suspender el proceso de extradición, se comunique a la justicia de Bolivia que el trámite se encuentra suspendido a raíz de la solicitud de reconocimiento de refugiado, formulado ante la República de Paraguay.
Es así que el Ministerio Público de Paraguay solicitó al juzgado la suspensión del proceso de extradición del exministro de Defensa, Luis Fernando López, en atención a que ha iniciado los trámites para ser declarado como refugiado ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).
Cabe señalar que López salió del país en noviembre de 2020. Luego en 2021 la Fiscalía confirmó que el exministro se encontraba en Brasil, por lo que se anunciaron medidas para lograr el retorno de la exautoridad al país.
Ya en 2022, la justicia de Bolivia conoció que López se encontraba en Paraguay, por lo que la justicia inició el proceso de extradición, pues el exministro es acusado por los Casos Senkata, Sacaba y el caso Gases Lacrimógenos.
López es acusado del delito de genocidio, entre otros, por lo que la Fiscalía General del Estado, anunció anteriormente que pediría la pena máxima, es decir 30 años de privación de libertad, en el marco de los casos Senkata y Sacaba.