Paro multisectorial a nivel nacional: ¿Por qué se realizará?

Los sectores piden la derogación de la disposición séptima del PGE 2025 que permite el decomiso de productos a quienes almacenen o encarezcan los mismos

El 30 de enero se llevó a cabo un Encuentro Multisectorial en la ciudad de Sucre, en esa reunión, diversos sectores del país determinaron acatar un paro movilizado de 24 horas programado para el 10 de febrero. 

¿Qué piden? Los sectores demandan la derogación de la disposición séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en la cual se dispone el decomiso de productos a quienes incurran en agio o especulación.

Es de esta manera que los sectores aseguraron que, en caso de no ser escuchados por el Gobierno, para que se proceda con la derogación de dicha disposición se realizará el paro nacional movilizado de 24 horas.

Cabe señalar que la disposición séptima del PGE 2025 señala que para garantizar el abastecimiento en el mercado interno de productos esenciales para los bolivianos se podrán realizar controles y acciones como el decomiso de productos a quienes almacenen o encarezcan los mismos.

“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, dice la norma.

Diversos sectores acatarán esta medida, entre ellos la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, que tendrá puntos de concentración en diferentes ciudades de todo el país.

A la medida también se suma el Transporte Pesado y sectores productivos del departamento de Tarija también confirmaron su participación. De igual forma se contará con el apoyo del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Esta norma ha sido muy cuestionada por diversos sectores pues afirman que esta determinación puede ser utilizada de forma arbitraria, además aseguran que genera zozobra y preocupación en la población, los productores y los comerciantes.

Por su parte, el Gobierno asegura que la norma evitará que se acopien alimentos para venderse a precios más elevados, además aseguran que por consiguiente se frenaría el contrabando, el agio y la especulación.