Evo Morales enfrenta una nueva fase judicial: Fiscalía ratifica orden de aprehensión y espera fecha del juicio

Tras la solicitud de Evo Morales, la Fiscalía de Tarija ratificó la orden de aprehensión en su contra y reveló detalles del caso. 

José Ernesto Mogro, nuevo fiscal departamental de Tarija, generó polémica al ratificar la orden de aprehensión en contra del expresidente, Evo Morales. El Ministerio Público está listo para fijar la fecha del juicio oral en contra del líder cocalero. 

La orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales fue emitida inicialmente el pasado 10 de octubre de 2024 por la entonces fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, por los delitos de trata y tráfico de personas. También se le suma el delito de estupro agravado. 

"La orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales se mantiene vigente, y las partes ya fueron notificadas con el plazo y derecho para ejercer su defensa material y técnica", aclaró Mogro. 

Esta ratificación reciente se produce en el contexto de una solicitud de Morales para que se levante temporalmente la orden y se le brinden garantías de seguridad para asistir a la posesión del nuevo presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, el 8 de noviembre de 2025. 

Sin embargo, Mogro rechazó esta petición por carecer de sustento jurídico, indicando que "seguramente se presentarán algunos recursos, pero no podemos forzar los plazos procesales".

¿Cómo va el caso? 

El proceso penal contra Evo Morales avanzó automáticamente a la etapa de juicio oral, regulada por el Código de Procedimiento Penal. Las partes involucradas, el Ministerio Público y la defensa de los imputados ya fueron notificadas formalmente, con un plazo establecido para preparar su defensa técnica y material. El Órgano Judicial de Tarija debe fijar ahora la fecha de inicio del juicio oral, pero hasta el 7 de noviembre de 2025, no se ha establecido un cronograma específico.

Mogro indicó que el tribunal evaluará la acusación y definirá la responsabilidad en esta fase, que podría derivar en penas que van entre 15 y 30 años de prisión por trata agravada, dependiendo de las calificaciones.

Morales se mantiene "atrincherado" en la región del Chapare y se mantiene custodiado por la guardia indígena de la región, que no ha sido aprehendido pese a múltiples operativos policiales fallidos desde 2024.

La Fiscalía de Tarija no ha emitido comunicados oficiales adicionales más allá de las declaraciones de Mogro, pero el proceso es transparente bajo supervisión del Consejo de la Magistratura tras la salida de Sandra Gutiérrez, quien fue sustituida por Mogro.