Bolivia registra 60 fallecidos y 3.825 nuevos casos de la covid-19
En las últimas semanas la cuarta ola ha presentado cifras que señalan una desescalada de contagios en el país y el miércoles se registraron 3.825 nuevos casos de COVID-19 y 60 fallecidos.
En las últimas semanas la cuarta ola ha presentado cifras que señalan una desescalada de contagios en el país y el miércoles se registraron 3.825 nuevos casos de COVID-19 y 60 fallecidos.
Bolivia registró 60 fallecidos y 3.825 nuevos casos de la covid-19, según el último reporte del Ministerio de Salud sobre el desarrollo de la pandemia y la cuarta ola de contagios por la que atraviesa el país.
Los departamentos que presentaron más contagios fueron La Paz con 1.065 y Santa Cruz que acumuló 1.055.
En tanto que las regiones de Cochabamba (880), Tarija (210), Chuquisaca (199), Potosí (187), Oruro (117), Pando (58) y Beni (54) mostraron niveles de contagio por debajo del millar de casos.
Con esas cifras el país acumula 21.011 decesos y 859.530 casos confirmados desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, mientras 138.207 contagios se mantienen activos y se destaca que 700.312 pacientes se recuperaron de la enfermedad.
La cuarta ola que comenzó en octubre alcanzó sus mayores registros recién a finales de diciembre con jornadas en las que los casos diarios superaron los 14.000, sobrepasando los niveles de los tres picos anteriores.
Al término del año pasado, el Gobierno declaró emergencia sanitaria y en los primeros días de enero confirmó que la variante ómicron circulaba en el país.
Dentro del plan de inmunización, que comenzó hace un año, se han aplicado 11.895.767 vacunas entre primeras, segundas, terceras y dosis única a mayores de 5 años que conforman una población vacunable de 10,2 millones.
En su reporte, el Ministerio de Salud establece también que se han empleado 5.741.279 primeras dosis, 4.274.160 de la segunda, 885.367 componentes de refuerzo y 994.961 inoculaciones de un solo componente.
El Gobierno suspendió la exigencia del carnet de vacunación que desde el 1 de enero debía ser un requisito para el ingreso a sitios públicos o privados y la realización de varios trámites debido a las protestas de grupos antivacunas pertenecientes a sectores sociales afines.
Las autoridades nacionales argumentaron que la decisión busca evitar aglomeraciones, por lo que la exigencia del documento se volverá a exigir después de que se levante la emergencia sanitaria.
Varias regiones del país muestran una desescalada de contagios, no obstante se ha insistido desde el Gobierno en que se mantengan las medidas de bioseguridad para que no se produzca un repunte de casos de la covid-19.