Dictan sentencia de cuatro años de cárcel para Rómulo Calvo por un proceso penal iniciado en 2005

El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por un proceso penal que fue iniciado luego de que Calvo fungiera como alcalde interino de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El proceso que fue iniciado hace 18 años y está relacionado con la compra de terrenos en la zona del Plan Tres Mil de la urbe cruceña.

 De acuerdo con el reporte de El Deber, el abogado Martín Camacho, explicó que el caso data de 2005 cuando Roberto Fernández y Rómulo Calvo estaban a cargo de la Alcaldía. En ese sentido el exalcalde cruceño Roberto Fernández también recibió una sentencia, en su caso de cinco años de cárcel.

"Se ha dictado una sentencia condenatoria en contra de Calvo y del exalcalde Fernández por la expropiación de unos terrenos en las populosas zonas del Plan 3000, con los cuales fueron beneficiadas las personas que se vieron afectadas por las riadas del año 83", dijo Camacho.

Según el jurista el proceso se reactivó hace tres años a través del Viceministerio de Transparencia, a pesar de haber obtenido dos resoluciones absolutorias. La reactivación del proceso coincidió con el ascenso de Calvo como líder del Comité Cívico pro Santa Cruz.

Tanto Fernández como Calvo, son acusados de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Si bien la sentencia se conoció este martes, el abogado de Calvo señaló que se apelará a esta determinación.

"Estamos a la espera de la notificación de la sentencia, programada para el viernes. Tenemos 15 días para presentar el recurso de apelación. Esperamos que esta resolución injusta e incongruente sea revocada, considerando que existen dos resoluciones absolutorias", dijo Camacho citado por El Deber.

Fernández y Calvo ejercieron cargos en la alcaldía de Santa Cruz 2002 y 2004. Por su parte Rómulo Calvo ejerció un período de interinato como alcalde de la ciudad de Santa Cruz. El excívico es procesado por un presunto pago ilegal de 1,3 millones de dólares por 55 mil metros cuadrados de terreno en la zona del Plan Tres Mil.

La compra se habría efectuado de una manera irregular, pues la Alcaldía habría pagado 24 dólares por cada metro cuadrado, cuando el valor real del metro cuadrado en la zona del Plan Tres Mil, era de solo ocho dólares.