Por "persecución política" el Comité Cívico pro Santa Cruz declara emergencia

A través de un comunicado, el Comité Cívico pro Santa Cruz se declaró en "emergencia" y es que aseguran que sus integrantes son víctimas de supuesta persecución políticas. Los líderes tienen procesos abiertos por la Fiscalía a consecuencia del paro cívico en Santa Cruz. 

“Nos declaramos en estado de emergencia y alerta permanente exigiendo el cese de la persecución política”, señala el pronunciamiento difundido en las redes sociales del ente cívico.

Hay que recordar que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónomo Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, tienen procesos abiertos en su contra. 

Detalla el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que estos procesos abiertos serán analizados y acumulados en un solo caso que será dirigido por una comisión de fiscales de la ciudad de La Paz. 

“Simplemente mencionar como Ministerio Público y por la conexión de casos, se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado contra Camacho, Calvo y otros. Estos casos han sido acumulados en un solo caso y está radicado en la Fiscalía Departamental de La Paz. Son todas las denuncias han sido acumuladas en uno solo”, dijo el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Lanchipa no precisó cuáles serán los delitos que tendrán calificativos penales, aseguró que existe una lista de 10 delitos penales que aunque fueron presentados en formas separadas por acusaciones individuales. 

El paro cívico de 36 días que atravesó Santa Cruz, terminó siendo una medida de presión en la que se cometieron vulneraciones a los derechos humanos y excesos que según las autoridades, fueron discriminatorios y vulnerantes para la sociedad cruceña y que fueron "provocados" por las acciones del Comité. 

Uno de los procesos en contra de los líderes, fue explicado por el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien aseguró que solo el hecho de recoger las basuras y escombros de las vías públicas de la ciudad significó un gasto de más de 49.000 bolivianos y que "por ser los responsables del paro" serán denunciados por vía penal.