Con música y bailes, Gobierno promulga nueva ley de la coca

Morales criticó a EE.UU. por buscar la erradicación de la planta e incluir al país en su lista de "fracasos demostrables" en la lucha antidrogas.

La nueva Ley General de la Coca sustituye a la denominada 1008, que regulaba desde 1988 la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.

Al promulgar la norma, Morales atribuyó la garantía "de por vida" del cultivo de hojas de coca a la lucha de décadas de los campesinos que se dedican a esa actividad y a la "fortaleza" política de su Gobierno y las organizaciones sociales afines al mismo.

"La hoja de coca se ha impuesto frente al imperio norteamericano, la coca ganó a Estados Unidos esta dura batalla porque Estados Unidos quiere cero de coca", afirmó el gobernante, que aún es el principal dirigente de los cocaleros de la zona central del Chapare.

Para los cocaleros, sobre todo del Chapare, la promulgación de la nueva norma es la culminación de un largo proceso que comenzó con su resistencia en las décadas de los 80 y 90 a los planes de erradicación de la planta que, según Morales, fueron impuestos por Estados Unidos a los gobiernos de turno.

La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en la zona subtropical de los Yungas, en La Paz.

Un convenio firmado por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) con los cocaleros permitió que en el Chapare se cultive un máximo de 3.200 hectáreas, aunque los campesinos de esa región siempre cultivaron más del doble.

En la Constitución vigente desde 2009, la hoja de coca tiene el rango de patrimonio por factores culturales y por su masticación o "acullicu" que practican algunos sectores sociales, pero una parte de la producción se deriva al narcotráfico para fabricar cocaína.

Con la nueva ley, Bolivia separa la legislación sobre la hoja de coca de la que regula y sanciona el narcotráfico, un proyecto pendiente desde la llegada de Morales al poder en 2006.

El proyecto original del Gobierno planteaba subir hasta 20.000 las hectáreas legales de hojas de coca, pero tras un conflicto con cocaleros de Los Yungas, el Ejecutivo finalmente decidió subir la superficie a 22.000 hectáreas.

La nueva norma autoriza hasta 7.700 hectáreas de cultivo en el Chapare, considerada una zona no tradicional, y 14.300 en el departamento de La Paz.

El reconocimiento de la superficie permitida en el Chapare encontró el rechazo de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), que no participó en el acto de hoy.

Adepcoca y las fuerzas opositoras Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano han criticado la legalización de la coca en una zona no tradicional y llamaron la atención sobre los informes que señalan que una gran parte de la producción de esa área no pasa por mercados legales.

El empresario opositor Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) han criticado la nueva norma y han advertido de consecuencias para la imagen internacional del país.

Quiroga llegó a decir que la ley "ha legalizado la producción de cocaína", al considerar que gran parte de la producción del Chapare se destina a la elaboración de esta sustancia.

La bancada de UD anunció esta semana que prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

El presidente de Adepcoca, Franklin Rojas, reiteró en las últimas horas su desacuerdo con la legalización de las 7.700 hectáreas del Chapare y denunció presiones del Gobierno para que apoyaran la ley promulgada hoy.

El Gobierno ha justificado que la producción cubrirá el consumo interno tradicional y el aumento de superficie permitirá fomentar la industrialización de derivados legales de la coca y su exportación a mercados en Ecuador y el norte de Argentina.

Morales manifestó hoy que "llegó la hora de enterrar la ley 1008" y ratificó que su Gobierno seguirá cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

Cuestionó que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya señalado recientemente que Bolivia, junto a Venezuela y Birmania, son países donde existe un "fracaso demostrable" a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas.

"Lo único demostrable es que los gobiernos de EE.UU. no pueden someter a Venezuela y Bolivia", zanjó el presidente.

Morales siempre acusa a EE.UU. de usar la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y ha asegurado varias veces que los planes antidrogas en su país funcionan mejor desde su decisión de expulsar en 2008 a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) estadounidense.

Ese mismo año, el mandatario también expulsó al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusándolo de conspirar contra su Gobierno, algo que Washington ha negado siempre. EFE