Bolivia reduce la deuda con Quiborax y paga $us 42,6 millones

El Gobiermo boliviano cumplió hoy con el fallo que dictó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, según informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.

El procurador Pablo Menacho explicó que la pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado por la empresa, quedando en 42.6 millones de dólares.
 
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"Hemos logrado una reducción del 72 por ciento del monto reclamado por esta empresa. El monto de compensación que el Estado boliviano estaría pagando es 42,6 millones de dólares", dijo Menacho. 
 
El laudo del 16 de septiembre de 2015 disponía el pago de $us 48,6 millones a la firma chilena, pero el Estado apeló esa decisión y en mayo el CIADI volvió a fallar en contra de los intereses nacionales, con lo que la deuda o resarcimiento ascendía a $us 57,2 millones, incluidos intereses y costas. Con el acuerdo, la deuda bajó a $us 42,6 millones.

Menacho recordó que el monto final que pagará el Estado es sustancialmente inferior a los $us 150,8 millones que inicialmente pretendía la firma de intereses chilenos cuando presentó el arbitraje luego que en la administración del presidente Carlos Mesa, mediante el decreto 27589, se revirtiera la concesión que se le asignó en el salar de Uyuni.

"Bolivia al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un Tribunal internacional, conforma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países" sostuvo el procurador general, Pablo Menacho.

La controversia surgió en julio del año 2004, a raíz de la “revocatoria” de concesiones mineras a la empresa (con mayoría de capitales chilenos) Non-MetallicMinerals S.A., durante el Gobierno del expresidente Carlos Mesa.

En su Laudo, el Tribunal Arbitral del CIADI concluyó que la medida adoptada por Mesa, mediante la aprobación del Decreto Supremo Nº 27589, de 23 de junio de 2004, "no cumplió con los estándares mínimos del debido proceso y no se llevó a cabo de conformidad con la Ley, por lo que declaró que la expropiación fue ilícita, discriminatoria y violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones".

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