Organizaciones alertan sobre el comercio ilegal sin control en Bolivia

El Estado Boliviano no tiene políticas públicas para controlar el comercio ilegal de oro y mucho menos para contrarrestar la minería legal, es una realidad que expresan las organizaciones sociales en la región. 

"El problema de fondo es que, como Estado boliviano, no se tiene una política para atacar la minería ilegal", detalló el investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta, en un trabajo que publica Los Tiempos. 

Explicó que en el caso de Bolivia, el Estado tiene limitaciones técnicas, humanas y políticas para reconocer la magnitud de la actividad minera legal en su propio territorio y es algo que también ocurre en todos los países de la región. 

Los datos bibliográficos de Science Panel for the Amazon (SPA) refieren que la extracción de oro en Bolivia es igual al 30 por ciento de su producción, mientras que Perú, se estima en 28 por ciento, 77 por ciento en Ecuador y sorprende que Venezuela y Colombia, llegan al 80 por ciento y 90 por ciento, respectivamente. 

Advierten que estos dos últimos países de Sudamérica, tiene el valor del oro ilegal comercializado equiparado al de las exportaciones de cocaína. Por su parte, Bolivia, tiene datos oficiales en la producción de oro estimada en 11,3 toneladas, mientras que de forma ilícita se importó 11,3 toneladas.

 Se constató esta cifra, en un proyecto de ley del oro, que un 50 por ciento de las exportaciones de oro vienen de fuentes ilegales, mayormente, del contrabando minero que existe en Perú. 

Una publicación referida como "Las rutas del oro ilegal" resalta que hay contradicciones entre las leyes promulgadas por el Estado y la cantidad de acciones que controlen la actividad ilícita en territorio boliviano. 

¿Y por qué se analiza esto? Un trabajo de EFE reveló que el Congreso de Estados Unidos presentó hace unos días un proyecto de ley que busca controlar el comercio ilegal de oro en Latinoamérica, principalmente la minería descontrolada en Venezuela. 

Un aspecto que resalta de ese proyecto de ley es que se estima que solo de ese país, se obtienen 10 millones de dólares en fondos ilícitos que Estados Unidos no quiere en la formación de los capitales que llegan a su país, de forma ilegal. 

Trabajos de investigación en ese país, reflejan que entre el 70 y 90 por ciento que se extrae en territorio venezolano involucra a funcionarios del alto gobierno y sus familiares que de manera ilegal se benefician del contrabando de oro, algo que Estados Unidos tiene presente y quiere controlar. 

Este comercio se extiende también a disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), provenientes de Colombia, y que los grupos guerrilleros usan como moneda de canje y capitalización para sus actividades en el vecino país.