Comcipo anunció un paro de 72 horas desde el lunes, exigen que de apruebe la Ley del litio

Tras llevar a cabo un Consejo Consultivo de emergencia, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó declarar, desde el lunes 13 de marzo, un paro cívico en Potosí de 72 horas, hasta que el Gobierno Nacional apruebe el proyecto de la Ley del litio.

En ese sentido el presidente del comité de movilización, Ricardo Ramos, informó para el periódico El Potosí, sobre las conclusiones aprobadas anoche en reunión de Consejo Consultivo para exigir la promulgación de la ley de recursos evaporíticos.

“Se determina convocar a un paro de 72 horas, a partir del día lunes, de la siguiente semana, la misma que tenga que ser el último ultimátum al Gobierno central para que en el transcurso de los siguientes días pueda aprobar la ley de recursos evaporíticos, tanto en el congreso como ser aprobada por el presidente”, dijo Ramos.

En ese sentido, desde Comcipo adelantaron que existe la posibilidad de ir a un paro indefinido, en caso de que el Gobierno Nacional, no escuche los pedidos de los cívicos que alientan la promulgación de dicha ley, para que Potosí reciba regalías por la explotación del litio.

Ramos también detalla que la organización cívica pidió la renuncia del gobernador, alcaldes, concejales y de la fiscal departamental de Potosí, por no cumplir con sus labores y por incurrir en actos de corrupción que afectan a la población potosina.

“Pidiendo la renuncia del alcalde municipal y concejales inoperantes, a su vez del gobernador, por sus actos de corrupción que han ido llevando hacia adelante y vienen manchando a todo lo que implica la gestión pública y sobre todo a los potosinos. También se ratifica la renuncia de la fiscal de distrito por ser cómplice del sicariato judicial y la persecución política de nuestros líderes”, dice Ramos en un video difundido por El Potosí.

De igual manera, el cívico detalló que desde Comcipo se solidarizan con la presidenta del comité cívico, Roxana Graz y los integrantes del primer piquete de huelga de hambre que se había instaurado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). En ese sentido rechazaron la manera violenta en la que los huelguistas fueron echados de dichas instalaciones gubernamentales.