Bullrich cierra filas en la frontera: Argentina refuerza control con Bolivia

La construcción de un cerco en Aguas Blancas avanza con el respaldo de Patricia Bullrich, buscando frenar el contrabando y el narcotráfico. ¿Cómo cambiará la dinámica fronteriza con Bolivia?

En medio de un ambicioso plan de seguridad, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, emprenderá este lunes un viaje a la frontera con Bolivia para formalizar el inicio de la construcción de un alambrado.

Esta obra forma parte del Plan Güemes, diseñado para combatir delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. El acto se llevará a cabo en las oficinas de Migraciones ubicadas en Puerto Chalanas, en Aguas Blancas, Orán, Salta, a las 11:00 de la mañana, y en ese mismo evento se dará a conocer la puesta en marcha de la obra.

Además, Bullrich inaugurará un “Sitio Seguro” destinado a ofrecer protección y asistencia integral a las víctimas de trata, reafirmando el compromiso del gobierno argentino con la seguridad y el respeto a los derechos humanos.

Durante la ceremonia, se realizará también la entrega de equipamiento a la Gendarmería Nacional y se hará una visita al Puesto 28 de Julio, un punto estratégico en la frontera boliviana.

La ministra, quien previamente había destacado en una entrevista con Radio Mitre que el Gobierno actúa de manera ordenada –tras consolidar el control en áreas como Aguas Blancas y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y la provincia de Misiones)–, explicó que la próxima meta es asegurar la zona limítrofe con Brasil.

En este sentido, el enfoque se centrará en la región fronteriza que une la ciudad argentina de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, con los municipios brasileños de Dionisio Cerqueira y Barracao.

En otro escenario internacional, el presidente Donald Trump, quien asumió el cargo el 20 de enero de 2025 para un segundo mandato no consecutivo, ha puesto en marcha una serie de cambios radicales en la política migratoria de Estados Unidos.

Durante su primera semana en el poder, Trump emitió diez órdenes ejecutivas enfocadas en endurecer la seguridad fronteriza, intensificar las deportaciones masivas y reformular el sistema de inmigración. Una de estas directrices, titulada “Protegiendo a los estadounidenses de una invasión”, establece nuevas prioridades para la detención y deportación de personas que ingresan de manera irregular o permanecen sin la documentación adecuada.

La medida permite que el Departamento de Seguridad Nacional expanda su capacidad mediante la construcción de nuevos centros de detención, incluso mediante contratos con instalaciones privadas, y pone fin a la antigua política de “captura y liberación”, obligando a mantener bajo custodia a los inmigrantes hasta que se resuelva su situación legal.

Estos cambios, que incluyen la ampliación de la cooperación entre autoridades federales y locales a través del programa ICE 287(g), han generado controversia. Durante el último año fiscal se deportaron a decenas de miles de personas –entre ellos 87.289 mexicanos y 54.056 colombianos–, lo que ha encendido debates y protestas en diversos sectores.

Las tensiones derivadas de estas políticas llevaron a Trump a incrementar los aranceles en productos provenientes de países afectados hasta un 25%, lo que ha provocado intensas negociaciones diplomáticas y ajustes en la vigilancia fronteriza.

Las repercusiones son especialmente preocupantes para la economía mexicana, cuyos sectores automotriz, agrícola y minero dependen en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos, poniendo en riesgo incluso acuerdos comerciales como el T-MEC.