Aseguran que la sentencia por el caso “Petrocontratos” viabilizará la extradición de Goni

Además de esto, tras la sentencia contra Goni, las autoridades aseguran que se habilitará la acción reparatoria

El ministro de Justicia, César Siles, informó que la sentencia en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, viabilizará el inicio del proceso de extradición a Bolivia. Sumado a esto se habilita la acción reparatoria.

“Ahora tenemos justicia con esta sentencia condenatoria, ahora habilitamos, además con esta sentencia, la acción reparatoria civil y los trámites de extradición que habrá que comenzarse”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

En ese sentido, Siles afirmó que se concluyó la etapa más importante del proceso, pues el juicio que comenzó en agosto de este año llegó a su fin con la sentencia dictada contra Goni y tres exministros.

“Se ha convocado para hoy por la tarde a leer en su integridad el texto de esta sentencia que, sin duda, marca un hito. Es una sentencia que aguardaba el pueblo boliviano, que aguardaban las víctimas de la ‘Guerra del Gas’”, indicó Siles.

Cabe señalar que la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que señala que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sentenció a Goni, con seis años y tres meses de cárcel.

Según la sentencia emitida en el juicio de responsabilidades, el expresidente debería cumplir la sentencia por el caso “Petrocontratos”. Goni debería ser recluido en el penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha en el departamento de La Paz.

De la misma manera los exministros Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga, recibieron una sentencia de cinco años, más la inhabilitación especial para ejercer la función pública, también de cinco años.

Es así que todos los involucrados en el caso Petrocontratos fueron declarados autores y culpables de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a que Goni y sus colaboradores incurrieron en delitos al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Poder Legislativo.

“Todos (fueron) juzgados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, además de quedar inhabilitados por el mismo tiempo para el ejercicio de cargos públicos, así también el pago de multas y costas a favor del Estado; habiéndose demostrado contundentemente a lo largo del juicio la no remisión de los 107 contratos de riesgo compartido al Órgano Legislativo para su respectivo análisis y aprobación, tal cual prescribía la normativa legal vigente en su momento”, señalan desde la Procuraduría.