Por: Micaela Sanjines Ordóñez • Bolivia.com

Gremiales continuarán movilizándose en contra de la polémica disposición del PGE

La disposición séptima del PGE 2025 señala que se podrá proceder con el decomiso de productos a quienes almacenen o encarezcan los mismos

Desde otros frentes también cuestionaron el acuerdo entre el Gobierno y el CEPB. Foto: Viceministerio de Comunicación
Desde otros frentes también cuestionaron el acuerdo entre el Gobierno y el CEPB. Foto: Viceministerio de Comunicación

La disposición séptima del PGE 2025 señala que se podrá proceder con el decomiso de productos a quienes almacenen o encarezcan los mismos

El sector gremial calificó la reunión entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno, como “una payasada”. El dirigente gremial de la ciudad de El Alto, Antonio Siñani, señala que ellos tienen un pedido específico y es la derogación de la séptima disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

Estas reacciones llegan luego de que la CEPB y el Gobierno llegaran a un acuerdo en cuanto a la disposición séptima del PGE que autoriza los decomisos de productos. La norma fue rechazada por diversos sectores, entre ellos los gremiales.

“¿Por qué el gobierno está engañando al pueblo boliviano? Bien claro ha sido la resolución de la Central de Trabajadores de Bolivia que queremos la derogación del artículo séptimo”, dijo Siñani citado por Unitel.

De esta manera, el dirigente gremial anunció que las movilizaciones continuarán, pues el sector espera que se anule esta disposición. Los gremiales aseguran que el Gobierno busca engañar al pueblo boliviano.

Desde otros frentes también cuestionaron el acuerdo entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Uno de ellos fue la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) desde donde consideran que más que un acuerdo es una “dilación” para reglamentar la norma.

El presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, aseguró que la única solución es la abrogación, pues de otra manera se permitirá al Estado confiscar productos “bajo el pretexto” del agio.

El CEPB y el Gobierno llegaron a un acuerdo tras una reunión en la que se trató la disposición séptima del PGE. El primer acuerdo aclaró que “la derogación que los empresarios solicitan de esta disposición” no está en manos del Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa.

El segundo punto del acuerdo señala que mientras no haya una reglamentación de la disposición séptima no puede ser aplicada; y el último punto prevé que los empresarios deben plantear un cronograma, para continuar con las reuniones sobre la disposición séptima.