La propuesta para el Órgano Judicial es tomar el 3% del PGE para su funcionamiento. Foto: Twitter Captura TSJ Sucre.
La Asamblea Legislativa analiza la propuesta de tener un presupuesto mínimo equivalente al 3% del Presupuesto General del Estado (PGE) para el Órgano Judicial. Esto tras la polémica que se generó por las exigencias del sector judicial en Bolivia.
“Optamos por un mínimo de 3%. Ese nivel permitiría garantizar condiciones básicas para el funcionamiento de la administración de justicia”, precisó Kathia Saucedo, secretaria técnica de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tras el diálogo con el Gobierno.
En ese sentido, señaló que se tomó como referencia el promedio regional. Por ejemplo, Paraguay destina alrededor del 2% de su PGE, mientras que Costa Rica alcanza el 6%, considerado uno de los modelos más sólidos en América Latina.
De esta manera, la propuesta no solo responde a reclamos del propio sector judicial, sino que forma parte de un debate más amplio sobre reforma judicial integral. El objetivo central es blindar financieramente al órgano judicial desde el PGE para que no dependa de negociaciones políticas cada año.
En las últimas semanas, el diálogo entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial ha sido clave para reducir tensiones derivadas de amenazas de paros. El Gobierno ha reconocido la necesidad de mayores recursos, aunque enfatiza en la transparencia y el uso eficiente de los fondos.
“Negociar un presupuesto significa sentarse a negociar, y cuando uno negocia, cede. ¿Y qué tiene el órgano judicial para ceder? Solamente su sentencia. Entonces, el hecho de negociar, el hecho de poner en una situación al órgano judicial de cesión implica afectar su independencia judicial”, se cuestionó Saucedo en una cita que recoge La Razón.
Por su parte, autoridades judiciales han insistido en la urgencia. En contextos previos y actuales, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y otros representantes han señalado que sin un presupuesto adecuado “ningún proyecto, ninguna reforma, ninguna política de este Órgano del Estado va a ser posible”.
El diálogo reciente, instalado en La Paz, ha permitido avanzar en mesas de concertación para abordar estas demandas y evitar la paralización del servicio de justicia.
Si se aprueba, esta blindaje constitucional representaría un cambio estructural. Permitiría al Órgano Judicial planificar a mediano y largo plazo, invertir en digitalización, capacitar personal y expandir cobertura en regiones alejadas. Además, reforzaría la independencia frente a los otros poderes del Estado, un principio clave en cualquier democracia.
