Los mineros que trabajan para el Estado son los que mantienen la huelga indefinida en pleno diciembre. Foto: EFE
Por quinto día consecutivo, los sindicatos afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) marcharon este viernes en La Paz contra del decreto que retiró la subvención a los combustibles. El Gobierno se mantiene firme en el diálogo, pero no lo derogarán.
"Nosotros tenemos que entender el contexto de este decreto, que está hecho para las (empresas) transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar, pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón", precisó Mario Argollo, dirigente de la COB.
Los gremios se mantienen en huelga indefinida, pero tras los acuerdos establecidos del Gobierno con otros sectores, solo están cumpliendo con el paro los mineros que trabajan para el Estado.
"Como siempre las bases son pacíficas, vamos a hacer conocer nuestra protesta, tenemos que concientizar y llegar hasta el último rincón del país, hermanos bolivianos entiendan el contexto de este decreto", señaló Argollo.
Añadió que cuando la población entienda los fines del decreto, "van a dar la razón" a la COB. Lamentó que los afiliados a la COB estén movilizados "y lejos de la familia por una reivindicación justa, no es sectorial, no es político".
La protesta de este viernes recorrió las calles céntricas de la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo, en un día en que se cumple un feriado nacional "para incentivar el turismo" a fin de año, según disposición del Gobierno de Rodrigo Paz.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, mientras que las marchas de la COB han sido rechazadas por la población en La Paz y sus alrededores.
Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo derogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.
El decreto 5503, que rige desde hace poco más de una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
El Gobierno defiende que ya no era sostenible mantener la subvención y asegura que su retiro garantizó la provisión de diésel y gasolina, que fue escasa durante casi un año y medio, y permite un ahorro diario al Estado de 10 millones de dólares.
