Plantean ajustar la ley contra la violencia hacia la mujer para no permitir que estos delitos queden en la impunidad

Desde el Gobierno Nacional propusieron realizar un debate y ajustar la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de no dejar en la impunidad a los responsables de los delitos contra la mujer.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia emitió un pronunciamiento en el que fijó su postura sobre las reformas a la Ley 348 contra la violencia hacia la mujer, entre ellas la posibilidad de corroborar la veracidad del testimonio de las víctimas de estos delitos.

“Promover reformas a la Ley 348, pretendiendo poner en duda la declaración de las víctimas de violencia sexual, quienes generalmente sufren estos hechos en privado, sin testigos y bajo diferentes formas de violencia, peor aún, pretender corroborar su veracidad a través de la incorporación de cámaras Gesell y peritos que corroboren la veracidad de su testimonio, atenta contra los derechos de las víctimas de violencia sexual”, dice parte del pronunciamiento del Ministerio de Justicia.

El documento señala que la situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional, en ese marco afirman que el debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para “evadir la justicia buscando tener impunidad”.

En ese sentido señala que el Gobierno Nacional ratifica su compromiso de protección a las víctimas de violencia de género y no abrirá ninguna medida normativa en desmedro de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Esta propuesta fue presentada por la senadora Patricia Arce con el fin establecer que “ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia”.

De acuerdo con el pronunciamiento la propuesta va en contra de los estándares establecidos en la Recomendación General N° 3 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI), además de ser materialmente imposible su cumplimiento, ya que el Ministerio Público no cuenta con la cantidad necesaria de cámaras Gesell a nivel nacional ni peritos especializados.

“De igual manera, es cuestionable pretender establecer el plazo de ocho días para reunir las pruebas en casos de violencia sexual (…) Lo recomendable es colectar las evidencias, identificarlas, preservarlas y trasladarlas adecuadamente dentro de las primeras 72 horas luego de ocurrida la agresión sexual; por ello, la incorporación del señalado plazo promueve que el acto de violencia sexual quede en la impunidad al existir el riesgo de que la evidencia desaparezca”, dice el documento.