¿Nuevo intento de bloquear elecciones? Tribunal del Beni admitió nueva acción popular

Una nueva acción popular en la Sala Constitucional del Beni pone en riesgo las elecciones ¿Por qué? Esto es lo que se sabe. 

Silvia Salame, senadora de oposición, denunció que la Sala Constitucional del Beni admitió una acción popular en contra de los candidatos que estén ejerciendo cargos públicos previo a su candidatura y exigen que se suspenda su habilitación en las próximas elecciones del 17 de agosto. 

"Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal Departamental del Beni, en la Sala del vocal (Charles) Mejía, al parecer en complicidad con los vocales 'autoprorrogados' pretenden un golpe a la democracia", precisó Salame a través de sus redes sociales. 

¿Quién introdujo esta acción popular? 

Marlene Sierra Terra fue quien presentó la acción popular ante el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, exigiendo que se inhabilitara a los candidatos en cargos legislativos que hayan ejercido dos mandatos previos a esta nueva candidatura tomando en cuenta la Sentencia Constitucional Plurinacional 0007/2025 y el Auto Constitucional Plurinacional 0083/2024 del 1 de noviembre de 2024.

Estos fallos establecen que ningún ciudadano puede ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua, en cargos electivos como presidente, vicepresidente, senadores, diputados u otras autoridades electas. Como medida cautelar, se pide la suspensión temporal de la habilitación de listas de candidatos que incluyan a exautoridades con dos períodos previos.

La senadora Salame, de Comunidad Ciudadana, aseguró que este recurso "es un intento de frenar las elecciones". Hay que recordar que esta no es la primera vez que se admite un recurso similar para paralizar los procesos electorales. 

Al menos seis recursos identificados en Beni, La Paz y El Alto, dirigidos a inhabilitar candidaturas, suspender procesos electorales o cancelar personerías jurídicas de partidos, en el contexto de las elecciones generales de 2025 y las elecciones judiciales de 2024. 

A pesar de estas circunstancias las Salas Plenas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)han afirmado que las "elecciones están garantizadas" y que buscarán resolver con celeridad los procesos relacionados con los procesos electorales.

El 64,2% de las candidaturas presentadas para las elecciones de 2025 fueron inhabilitadas por incumplimiento de requisitos, un fenómeno inusual comparado con elecciones anteriores, lo que sugiere una manipulación de la justicia constitucional para influir en el proceso electoral. La situación legal de este recurso se resolverá en una audiencia el próximo 21 de julio.