"El censo no es sostenible para el 2023", aceptó el Comité Interinstitucional de Santa Cruz

"No es técnicamente sostenible ejecutar el censo en 2023", aceptó el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Aunque aseguran que el paro continúa en la región hasta que se logre la aprobació de la ley censal en el Senado. 

Más de un mes lleva Santa Cruz en un paro cívico que mantenía la exigencia de hacer el censo para 2023, sin embargo, el Gobierno fijó, "por Decreto Supremo", una fecha para marzo de 2024.

Ahora ambos actores políticos presentaron varios proyectos de ley censal que buscan determinar los plazos para los escaños parlamentarios, pero la discusión de estas normativas, no se ha podido llevar a cabo en el Senado. 

"Hoy lamentablemente ya podemos sostener, en base a criterios técnicos demostrados, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve el año 2023”, dijo el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que esta decisión no debe ser interpretada como una derrota, ya que se logró establecer una fecha y acusó al Gobierno de buscar dilatar por casi siete meses este asunto. 

Aclaró que el paro cívico, que ya alcanza 33 días de "lucha", consiguió la realización de redistribución de los recursos, el pacto fiscal y la reorganización de las circunscripciones uninominales. 

“En ese mismo sentido, y con la responsabilidad que nosotros tenemos con los parlamentarios que fueron con un mandato, pedirles que el día de mañana viabilicen la ley para el año 2024, porque no nos podemos quedar sin ley”, sentenció el gobernador de Santa Cruz.

Ahora, los esfuerzos del Comité Interinstitucional van enfocados en lograr la aprobación de la ley censal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). 

"Nos hemos cansado de atropellos, de que no le importe tenernos en las calles, de que pateen a nuestra gente, que la metan pres. Podemos seguir dos años en paro y esto va a seguir sucediendo, tenemos que cortarlo de raíz y la única forma es estableciendo una línea de derechos, obligaciones y necesidades", dijo Camacho. 

Hay que recordar que el decreto presidencial fija el próximo 23 de marzo de 2024 para tener listo el empadronamiento y que en septiembre, de ese mismo año, se puedan distribuir los recursos económicos como corresponde según la data emitida en el censo. Aún quedaría pendiente cómo se establecerá la asignación de escaños parlamentarios por región, que también depende del censo.