Bolivia reduce su inversión en medioambiente mientras las llamas devoran el país

La tragedia ambiental de 2024 subraya la escasa atención gubernamental a la crisis ecológica. Solo un ínfimo porcentaje del presupuesto está destinado a la protección ambiental, mientras que el extractivismo sigue siendo prioridad.

Bolivia enfrenta cada año devastadores incendios forestales, pero 2024 fue especialmente catastrófico. Más de 10 millones de hectáreas fueron consumidas por las llamas, que se extendieron por la Chiquitania, el Pantanal, el Chaco y la Amazonía, afectando severamente el ecosistema.

Esta crisis fue alimentada por el cambio climático, la falta de sanciones a quienes infringen las normas y decisiones políticas que favorecen las actividades extractivas. A pesar de la magnitud del desastre, el presupuesto nacional para 2025 destina solo un 0,04% a la conservación ambiental, es decir, 1,7 millones de dólares, lo que ha causado indignación tanto en la oposición como en el pueblo.

El Presupuesto General del Estado (PGE) muestra una clara prioridad por los sectores productivos y extractivos, como hidrocarburos, minería y agroindustria, que representan cerca del 20% del presupuesto.

Este porcentaje de inversión ambiental no incluye las partidas dedicadas a ministerios como el de Medioambiente, lo que reduce aún más el monto disponible para la protección del medioambiente. Además, el recorte en las áreas protegidas, como Madidi y Carrasco, va del 22% al 35%, lo que pone en peligro espacios de biodiversidad vitales.

Paralelamente, Bolivia vive una crisis económica que agrava aún más la situación, con la caída de la industria petrolera y el agotamiento de sus reservas internacionales. Esto ha provocado escasez de dólares, inflación y dificultades para realizar importaciones esenciales. En este contexto, el presupuesto de 2025 es el más bajo de los últimos cinco años, con una cifra de 3,965 millones de dólares.

El Gobierno también ha generado controversia con el receso parlamentario que impidió la aprobación de la Ley de Distribución de Escaños Parlamentarios, que debe entrar en vigor para las elecciones de 2025.

Este tema ha generado tensiones, especialmente en Santa Cruz, donde se discute cómo la nueva distribución afectará la representación regional. El plazo para aprobar la ley es el 15 de enero, o de lo contrario, no podrá ser implementada en las próximas elecciones.