Determinan ampliar la detención preventiva de Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, deberá permanecer detenido preventivamente hasta el 29 de diciembre, pues el juez anticorrupción de La Paz amplió la detención de la autoridad por otros 17 días.

La ampliación se debe a la espera que se realiza en relación con su juicio por el caso Golpe de Estado I y por el cual permanece detenido preventivamente desde diciembre del paso año, cuando fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz.

En ese sentido, la Fiscalía anunció que, hasta fin de año, se presentará la acusación formal contra Luis Fernando Camacho por este caso, en el cual también es acusada la expresidenta Jeanine Añez.

Hay que recordar que en septiembre de esta gestión la justicia determinó ampliar la detención preventiva de Camacho, en el penal de San Pedro de Chonchocoro en el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I.

La determinación se dio luego de que el Ministerio Público asegurara que se necesitan otros tres meses de investigación debido a que se trata de un caso complejo y que aún se requieren colectar más indicios para emitir una acusación formal.

De esta manera Camacho está a días de cumplir un año detenido de manera preventiva en la cárcel de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, sin embargo, este no es el único proceso que se le sigue.

De igual forma, se determinó que la detención preventiva de Camacho por el caso decretazo sea ampliada por 60 días que también cumple en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha.

Por el caso Golpe de Estado I, dos exministros de Añez ya fueron sentenciados, se trata de Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes deben cumplir con una sentencia de dos años por ser culpables de los delitos de asociación delictuosa y encubrimiento.

Tanto Álvaro Coímbra como Rodrigo Guzmán admitieron la comisión de los delitos relacionados con el caso Golpe de Estado I, con lo cual renunciaron al juicio oral, público y contradictorio, solicitando la fijación de la pena mínima que se determinó en el proceso abreviado.

Un caso similar fue el de cuatro jefes militares que cumplieron funciones en la gestión de Jeanine Añez, ellos fueron sentenciados a dos y tres años de privación de libertad, tras aceptar la comisión de los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.