Caso tráfico de oro: investigan a exviceministro tras allanamiento a Evaliz

Félix Cárdenas, exviceministro y actual propietario del inmueble, autorizó el ingreso policial. Evaliz y su madre no son investigadas directamente, pero el procedimiento aviva tensiones políticas.

Nuevamente, un caso polémico vuelve a resonar en Bolivia al rededor de Evo Morales, sin embargo, esta vez, no es el expresidente el directamente afectado, sino su familia. La Policía de Bolivia allanó la vivienda de Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales, en el marco de una investigación sobre tráfico de oro y legitimación de ganancias ilícitas.

Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la acción se realizó con autorización del actual propietario del inmueble, Félix Cárdenas, exviceministro de Descolonización, y con presencia de un fiscal. Evaliz acusó al gobierno de Luis Arce de intentar intimidarla mediante este operativo, calificándolo como una invasión a su hogar, aunque las autoridades aseguran que se actuó bajo los lineamientos legales.

El allanamiento se llevó a cabo el 13 de diciembre en un departamento ubicado en el barrio paceño de Obrajes, que anteriormente perteneció a Guy Alberto Martín Vargas, investigado por el transporte de Bs 2,4 millones ocultos entre cebollas para comprar oro de forma ilegal.

Este dinero fue incautado el 1 de diciembre en un operativo en la zona de Villa Fátima, lo que desató la investigación. Las autoridades señalaron que Evaliz y su madre, Francisca Alvarado, no eran el objetivo principal del allanamiento. De hecho, Francisca se encuentra en Ecuador desempeñándose como cónsul, lo que también generó cuestionamientos hacia el gobierno de Arce.

Por su parte, Evo Morales denunció que el procedimiento vulneró derechos y aseguró que fue presentado inicialmente como un caso de “biocidio”, versión que luego fue desestimada. Evaliz aceptó el ingreso de los agentes y firmó la orden de citación para Vargas, quien deberá declarar el 18 de diciembre ante el Ministerio Público.

El caso involucra a empresas mineras y zonas auríferas del norte de La Paz, y el sospechoso principal es el propietario de una empresa minera. Aunque la Policía sostiene que no hubo irregularidades, este incidente ha generado tensiones políticas entre el entorno de Evo Morales y el actual gobierno.