Crisis de 2019 en Bolivia: CIDH y ONU rechazan decisiones judiciales polémicas

Tras la anulación de casos penales por las protestas del caso 2019 tras la renuncia de Evo Morales, la CIDH y la ONU reaccionaron.

El pasado 25 y 29 de agosto, dos tribunales de sentencia determinaron anular los procesos en la vía ordinaria por "incompetencia de materia" y derivaron el caso a un juicio de responsabilidades. Ahora la CIDH y la ONU reaccionan y aseguran que existe riesgo de impunidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU -Derechos Humanos en América del Sur- expresaron este viernes 12 de septiembre su preocupación por las decisiones de tribunales de justicia de Bolivia que resolvieron anular en la vía penal dos casos sobre muertes de civiles durante la crisis de 2019. 

"La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos", reza el comunicado oficial de las instituciones oficiales. 

Beneficios para los involucrados 

Estas resoluciones judiciales benefician a policías y militares que fueron procesados y encarcelados por las muertes de civiles durante enfrentamientos que se registraron en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, y en el municipio de Sacaba, en la región central de Cochabamba, días después de la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia y su salida del país.

Morales denunció entonces un "golpe de Estado" en su contra luego de que las protestas sociales lo acusaron de cometer un fraude electoral en los fallidos comicios de 2019, posteriormente anulados y donde se generaron enfrentamientos. Áñez siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la CIDH por negarse un juicio de responsabilidades.

Los procesos por los enfrentamientos sociales de 2019 se realizaron a instancias del Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MÁS) que sostienen que hubo "un golpe de Estado" y, en el caso de Áñez, la demandaron en la vía ordinaria bajo el argumento de que su mandato no surgió del voto popular. 

Según estas instancias, a solicitud del Estado boliviano, el GIEI recopiló en 2019 información sobre "diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba".

En tanto, el informe de ONU Derechos Humanos de 2020 identificó "un uso desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial y militar, incluso municiones letales".