Carlos Mesa y Jorge Quiroga critican solicitud de la Procuraduría de investigar a la Iglesia

Este domingo, los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa y Jorge 'Tuto' Quiroga dieron a conocer su descontento con la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) a la Fiscalía para investigar a algunos obispos católicos por los hechos de la crisis política de 2019.

Ambos exmandatarios reaccionaron a un memorial, que presentó la entidad estatal el pasado 30 de enero, en el que se hace la solicitud al Ministerio Público de llamar a declarar en el caso "golpe de Estado I" a varios integrantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

Mesa en una publicación en Twitter sostuvo que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), está "emulando" al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

"El MAS ahora busca perseguir a Obispos que defienden la democracia y los DDHH. La persecución política en su más cruda ejecución", manifestó Mesa, que también es líder del principal partido de oposición en el Parlamento, Comunidad Ciudadana (CC).

Por su parte, Quiroga dijo en la misma red social que el presidente "Arce se 'Orteguiza' al intentar crucificar a Obispos, a los que el MAS pidió mediación el 2019" y pidió al papa Francisco "pronunciarse sobre la persecución de Iglesia en Bolivia".

En varias ocasiones, la Iglesia católica remarcó su rol de mediación durante la crisis política y social de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la institución de un Gobierno transitorio a la cabeza de Áñez.

En 2021 la CEB entregó al papa Francisco una memoria sobre el rol de la Iglesia católica entre octubre de 2019 y enero de 2020 en la que "rechazó toda acusación" de su labor que se relacione con "un supuesto golpe de Estado" a Morales.

El rol de los líderes de la Iglesia católica ha sido cuestionada por el oficialismo principalmente por una reunión en la Universidad Católica en La Paz en la que varios líderes políticos, incluidos entonces miembros del MAS, trataron el tema de la sucesión presidencial.

Para el Gobierno los hechos de 2019 fueron un "golpe de Estado" contra Morales, mientras que para la oposición las protestas sociales se debieron a un fraude electoral para favorecer a que Morales acceda a un cuarto mandato consecutivo.