El Gobierno de Javier Milei no presentó ninguna queja formal tras la expulsión de los argentinos. Foto: Twitter Capturas
La polémica ante la supuesta intervención extranjera continúa. Tras la retención y expulsión de una delegación de activistas argentinos que llegaron este lunes 15 de junio al aeropuerto de El Alto. Legisladores aseguran que la soberanía "debe ser respetada".
La delegación, integrada por una decena de personas, llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto con el objetivo declarado de realizar una “misión de derechos humanos”. Buscaban documentar presuntas vulneraciones durante las protestas, que incluyen reclamos por políticas de austeridad, escasez y exigencias de renuncia de Paz, como detenciones arbitrarias, represión y posibles muertes.
Sin embargo, el gobierno boliviano vio inconsistencias: los activistas anunciaron públicamente actividades de observación y apoyo a los manifestantes, lo que contrastaba con las condiciones de ingreso declaradas. Esto se interpretó como injerencia extranjera en un contexto de alta tensión, donde sectores afines a Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) lideran las movilizaciones.
“Se verificó el incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión o permanencia en territorio nacional, así como las inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, precisó el Gobierno.
Por su parte, la senadora, Tomasa Yarhui, aseguró que el Gobierno debe mantener las "mejores relaciones con otros países", pero que en este contexto social que atraviesa Bolivia no se puede permitir intromisiones para tomar parte de conflictos internos.
“Si respetan la soberanía del país son bienvenidos, pero en la medida que violen esto deben ser expulsados. La cancillería debe tener total conocimiento si están viniendo como efecto de una invitación o pasa lo contrario”, dijo la legisladora del partido Alianza Libre.
Reacciones del gobierno de Javier Milei
El gobierno de Javier Milei, que previamente envió ayuda humanitaria al gobierno de Paz y mantiene una relación cercana con él, no presentó reclamos diplomáticos formales. La Cancillería argentina calificó la decisión del Gobierno de Bolivia como un “acto soberano” y activó solo asistencia consular para sus ciudadanos. Los legisladores bolivianos aplaudieron ese gesto.
Esta postura contrasta fuertemente con la identidad ideológica de la delegación expulsada, quienes eran afines al kirchnerismo, Frente de Izquierda, Partido Obrero y opositores a Milei, lo que generó interpretaciones de alineación geopolítica entre Milei y Paz frente a protestas de izquierda. No hubo condenas públicas fuertes desde Buenos Aires, solo mostraron apoyo en su regeso.
Sin embargo, Vanina Biasi, legisladora del partido Obrero de Argentina y una de las líderes de la delegación expulsada de Bolivia, aseguró que el Gobierno de Paz "impidió el trabajo de una misión humanitaria".
También denunció “irregularidades y arbitrariedades”, retención de documentación y hostigamiento, afirmando que el objetivo era “ocultar la magnitud de la represión”.
Otros integrantes, como el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria), criticaron la medida como un intento de silenciar observadores internacionales y los legisladores argentinos. La delegación incluyó también figuras sindicales (CTA Autónoma, docentes) y de organismos de DDHH.
