Por: Paula Andrea Barajas Fuquen • Bolivia.com

21F: Policía aclara qué pasará si hay alteración del orden

Colectivos ciudadanos se mostraron en contra de las declaraciones de la Policía y esto es lo que piden.

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Colectivos ciudadanos se mostraron en contra de las declaraciones de la Policía y esto es lo que piden.

"Si no alteran el orden público, nosotros (la Policía), no tenemos por qué arrestar o aprehender a esas personas", dijo el subcomandante de la Policía, Augustín Moreno, en respuesta a las críticas y manifestaciones en contra del alto mando policial, que anunció que hará operativos durante la realización de actos cívicos en el país, para evitar que activistas realicen protestas que pongan de manifiesto el resultado del 21F.

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Advertencias y reacciones

El subcomandante de la Policía, el general Agustín Moreno, advirtió ayer que no permitirá las manifestaciones de activistas del 21-F durante los actos del festejo patrio del 6 de agosto en Potosí.

Ante la advertencia, cientos de activistas reaccionaron y acusaron a la Policía y al Gobierno de promover la violación de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza la libre expresión de las personas.

Así lo hizo Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS.Bolivia, quien recordó que la Constitución Política del Estado garantiza la libertad de expresión de los bolivianos y su derecho de realizar protestas pacíficas.

Activistas del 21F

En los últimos meses los activistas que defienden el 21F aprovecharon distintos escenarios públicos, incluso los estadios donde se disputaron los partidos del Mundial de fútbol de Rusia, para hacer escuchar su demanda con la consigna “Bolivia dijo No”.

El Gobierno denunció que se trata de grupos promovidos por los partidos de la oposición y el Presidente opinó que es “una vergüenza” apoyar el 21F.

Sin embargo en la consulta del 21F el 51,3% de los bolivianos (2.682.517) rechazaron una reforma constitucional que autorice una nueva repostulación de Morales a la Presidencia y el 48,7% (2.546.135) la avalaron.

Entre tanto, el Gobierno atribuyó el resultado a las mentiras difundidas en el caso Gabriela Zapata, una expareja del Presidente, por lo que recurrió ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para lograr una polémica autorización.

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