Actualización: Mar, 21 / Jul / 2020 12:34 pm
Bolivia.com La Paz Mar, 21 / Jul / 2020 12:18 pm

El Gobierno fija base legal para "control externo" de la demanda marítima y del Silala

Los actos administrativos para la demanda marítima y del Silala podrán ser sometidos a "controles externos".

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Los actos administrativos de la demanda marítima podrán ser sometido a un "control externo". Foto: ABI
Los actos administrativos de la demanda marítima podrán ser sometido a un "control externo". Foto: ABI

El Gobierno fijó la base legal para que los actos administrativos de la demanda marítima y de la defensa del Silala sean sometidos a un "control externo", pero sin alterar el principio de confidencialidad de los asuntos estratégicos del Estado.

La disposición está contenida en el Decreto Supremo 4287, aprobado el 15 de julio. 

El Artículo 2 del Decreto establece, por una parte, la responsabilidad de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de resguardar "la confidencialidad de la información identificada y generada en el curso de sus actividades y contrataciones".

Luego, el segundo párrafo del apartado aclara que esta reserva "no es aplicable a las actividades administrativas, financieras y a todo tipo de proceso de contratación emergente de la demanda marítima y de la defensa de los manantiales del Silala, a efectos de realizar el control externo posterior."

De este modo, la norma —firmada por la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete— instruye que "en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles (...) el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Contraloría General del Estado, establecerán los términos del control externo posterior".

Con este texto, el Gobierno modificó el Decreto 3131 del 29 de marzo de 2017 que había instruido de manera general a los servidores públicos que hubieren accedido a información de estos casos "a respetar el principio de confidencialidad y reserva".

Bolivia planteó en 2013 una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que esta entidad internacional declare la obligación de negociar una salida al mar. El fallo, emitido en octubre 2018, rechazó la demanda del país.

El Gobierno, que estuvo bajo la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó tras el dictamen adverso que el costo de este litigio fue de algo más de $us 14 millones y esta erogación ya había sido auditada.

Además, Bolivia y Chile se encuentran enfrentados en la CIJ por las aguas del Silala, un recurso que es reclamado como "río internacional" por la nación trasandina y que el país defiende como reservorio nativo. El acuífero ubicado está en territorio nacional.

Las autoridades aún no han entregado información sobre el costo de este juicio, que por el momento está congelado por efecto de la pandemia de coronavirus.

Con información de ABI - Bolivia.com

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