Según un estudio de la Defensoría del Pueblo la educación para las personas con discapacidad es deficiente

La defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, informó que desde su institución se realizó una investigación sobre el acceso a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad.

El estudio revela que solo el 35% cursaron el nivel primario, el 15% llegó a secundaria, el 4% cuenta con una formación técnica y el 3% cuenta con estudios universitarios.

En ese sentido, Cruz explicó que la Ley Avelino Siñani presenta un problema estructural, por lo que genera una segregación entre las personas que no tiene discapacidades y las que si las tienen y detalló que dentro de los sistemas de educación se han puesto trabas para las personas con discapacidad.

“Se han puesto una serie de trabas o requisitos para que una persona con discapacidad pueda ingresar al subsistema de educación regular, y se señala que ellos deben tener una educación especial. Esto en el mundo y la región es ilegal”, dijo Cruz tras observar los desalentadores resultados del estudio. 

De igual manera el estudio mostró que dentro del sistema educativo las personas con discapacidades son excluidas. Uno de los motivos es la falta de condiciones en tema de infraestructura que tienen, los colegios, universidades e institutos para facilitar el estudio de las personas con discapacidad.

El 69% de unidades educativas del sistema de educación regular no cuenta con rampas de acceso para la población con discapacidades, que el 72% carece de pasos peatonales al ingreso de las construcciones, que el 82% no presenta baños adecuados para estudiantes con capacidades diferentes y que el 92% no dispone de barandas de apoyo para esta población. 

Además, el 85% de los espacios que se usan como bibliotecas en estos centros educativos son inadecuados, el 77% de los talleres de laboratorio no reúnen condiciones de accesibilidad y el 74% de las salas de computación no reúnen condiciones físicas de acceso para este grupo poblacional.

Por otro lado, el 76% las escuelas del sistema de educación alternativo no cuentan con paso peatonal, el 64% no tiene rampa de acceso a las aulas, a salas de estimulación sensorial, a la biblioteca ni a otros ambientes.

El 40% de estos centros no dispone de espacios adaptados a las necesidades de los estudiantes y que el 32% carece de espacios recreativos aptos para personas con discapacidad.

En el 59% de estos mismos centros los servicios higiénicos no fueron adaptados a las necesidades de los estudiantes con capacidades diferentes. Es decir que las falencias a nivel de la infraestructura en los centros educativos que debían tener facilidades para estas personas siguen siendo un problema al tiempo de brindar igualdad de condiciones en tema acceso a la educación.

En ese sentido, las autoridades tanto nacionales como regionales prometieron cambios. Por su parte Cruz de igual manera pidió al Gobierno que se modifique la normativa actual para lograr obtener una mejor educación en beneficio de las personas con capacidades diferentes.

“Se tiene que cambiar la Ley Avelino Siñani. Se tiene que ajustar la estructura del área de educación de nuestro país, para que los centros de educación regular, como ocurre en otros países, vayan incorporando a las personas con discapacidad”, dijo Cruz. 

Según datos del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (Siprunpcd), en todo el territorio nacional Bolivia existen 90.631 personas con discapacidad, pero el 65% de esta población no accedió a la educación o tiene un nivel bajo de instrucción.