Por: Micaela Sanjines Ordóñez • Bolivia.com

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, podría ser deportado a Bolivia tras cumplir su condena en los Estados Unidos

El exministro enfrenta hasta 10 años de cárcel por los delitos de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos

El exministro se declaró culpable el 20 de octubre. Foto: ABI
El exministro se declaró culpable el 20 de octubre. Foto: ABI

El exministro enfrenta hasta 10 años de cárcel por los delitos de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos

Después de haberse declarado culpable de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, tendrá una audiencia donde se determinará su condena en el país norteamericano. 

El abogado de las víctimas de Senkata y Sacaba, Thomas Becker, publicó en su cuenta de Twitter al respecto, en la publicación señala que la audiencia de Murillo está fijada para el 4 de enero de 2023.

Según el jurista tras ser condenado en los Estados Unidos, existe una alta probabilidad de que Murillo sea deportado a Bolivia, por lo cual en territorio nacional deberá enfrentar otros cargos relacionados con los hechos en Senkata y Sacaba durante el mandato de Jeanine Añez.

“Primero tiene que cumplir la sentencia en Estados Unidos antes de la deportación, entonces casi siempre se cumple la sentencia por eso o más probable que Murillo no va a Bolivia por un rato por lo menos”, dijo Becker.

El 20 de octubre Murillo se declaró culpable por los delitos de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, por lo cual podría enfrentar una pena de al menos 10 años de privación de libertad, sin embargo, según Decker es posible que la condena se reduzca ya que la exautoridad aceptó ser culpable de los delitos por los que se le imputa.

“Otro factor es si él ha ofrecido información a los fiscales, esto baja la sentencia, pero no tenemos esa información lo más probable es de 5 años”, dijo el jurista.

Arturo Murillo fue imputado por la compra de agentes químicos con sobreprecio en la gestión de Jeanine Añez, obtenidos mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions. La compra tuvo un costo de 5,6 millones de dólares, sin embargo, el costo real de los implementos antimotines era de 3,3 millones. Al menos 2,3 millones de dólares del sobreprecio fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos.

Murillo no actuó solo, sus cómplices, Philip Lichtenfeld, Bryan y Luis Berkman, y Sergio Méndez, exjefe de gabinete Murillo, también se declararon culpables y fueron sentenciados.

Philip Lichtenfeld ya fue sentenciado a 26 meses de privación de libertad además debe pagar una multa de 75 mil dólares, Bryan y Luis Berkman, fueron sentenciados a 28 meses de cárcel, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario y Méndez fue sentenciado a 42 meses de prisión y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

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