Por: Micaela Sanjines Ordóñez • Bolivia.com

La justicia determinó que el proceso por el paro de 36 días en Santa Cruz, sea llevado adelante en La Paz

La Fiscalía rechazó el recurso presentado por el abogado de Camacho, que pretendía que el proceso radique en Santa Cruz.

El paro pedía que el Censo de Población y Vivienda sea realizado en 2023. Foto: Facebook Comité Cívico pro Santa Cruz
El paro pedía que el Censo de Población y Vivienda sea realizado en 2023. Foto: Facebook Comité Cívico pro Santa Cruz

La Fiscalía rechazó el recurso presentado por el abogado de Camacho, que pretendía que el proceso radique en Santa Cruz.

Después de que este miércoles por la mañana se instalara la audiencia por el paro de 36 días en Santa Cruz, el Juzgado Primero de Anticorrupción rechazo el recurso de excepción de incompetencia, presentado por el abogado defensor de Luis Fernando Camacho, para que el proceso sea llevado en Santa Cruz y no así en La Paz.

El jurista, Martín Camacho, había explicado que se presentó dicho recurso, pues los delitos por los que se le acusa a su defendido fueron registrados en la capital cruceña y no así en la ciudad de La Paz, sin embargo, la Fiscalía alegó que el denunciante, en este caso en este caso la Central Obrera Regional (COR) de El Alto presentó la denuncia en el departamento paceño.

Previamente la COR de El Alto presentó en La Paz una demanda en contra de los que consideran son los responsables de los daños provocados por el paro cívico por el Censo de Población y Vivienda. En así que, tras un análisis de los argumentos, la justicia decidió que este caso radique en La Paz y rechazó la intensión de que sea llevado a Santa Cruz.

Los denunciados en este caso son el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exlíder cívico, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar; el vicerrector, Reinerio Vargas; y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.

Dichas personas comparecieron ayer ante un juez por los delitos de incitación pública a delinquir, organización criminal, atentado contra bienes públicos, violencia política contra mujeres, atentado contra la libertad del trabajo, racismo, discriminación y otros.

Cabe resaltar que la demanda fue interpuesta el año pasado, luego de que los líderes cruceños sean acusados por afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de cometer una serie de delitos durante los 36 días de paro cívico por el censo. Luego el 11 de noviembre el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, admitió los procesos.

 Los cívicos llevaron a cabo un paro de 36 días exigiendo que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, durante el paro, sectores movilizados protagonizaron hechos de violencia, los que según los denunciantes fueron incitados por los procesados.

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