Los autos chutos en Bolivia son mayormente usados en zonas fronterizas. Foto: Twitter Capturas.
La posibilidad de nacionalizar los autos 'chutos' en Bolivia volvió a generar polémica y es que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, abrió la puerta a la medida.
“Todo es posible, hay que sentarse, como yo siempre digo, que hay que sentarse en mesas, ver, y si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis”, precisó Zamora en una declaración que recoge Opinión.
Sus palabras responden directamente al proyecto de ley presentado por el diputado Reinaldo Seas, de la agrupación Libre, que busca regularizar estos automotores con el argumento de generar ingresos frescos para el Estado. Además, se enmarcan en una promesa electoral del presidente Rodrigo Paz.
¿Por qué estas declaraciones provocaron tanta controversia?
Por un lado, sectores cercanos a los propietarios de chutos y algunos actores políticos ven en la nacionalización una oportunidad de inclusión y recaudación.
Por otro, la Cámara Automotriz Boliviana, países vecinos como Chile, Brasil y Paraguay, y analistas económicos advierten sobre riesgos graves de esta "nacionalización" de los vehículos.
Entre esos flagelos resaltan el fomento al contrabando en Bolivia, pérdida de ingresos tributarios a largo plazo, saturación del parque automotor, mayor consumo de combustibles y, sobre todo, el blanqueo de vehículos robados que alimentan redes criminales transfronterizas.
Contrabando de autos robados
Los “autos chutos” son vehículos ingresados de manera ilegal a Bolivia, principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, sin pagar aranceles aduaneros ni cumplir con los requisitos de importación. Generalmente, provienen de la Zona Franca de Iquique (Chile), aunque también de Brasil, Paraguay y Argentina. Muchos son robados, mientras que otros son “grises”, esto quiere decir que son importados legalmente en origen, pero ingresados de contrabando.
A lo largo de los años, se normalizó en amplias zonas del país, especialmente en áreas rurales y periurbanas, donde los precios hasta un 50% más bajos resultan atractivos para una población con limitado acceso a vehículos formales.
Un hito clave en Bolivia ocurrió en el 2011, durante el gobierno de Evo Morales, cuando se promulgó la Ley de Saneamiento Legal de Automotores. Esta normativa permitió regularizar decenas de miles de vehículos alrededor de 72.000, recaudando cerca de 175 millones de dólares. Sin embargo, se trató de un proceso “por única vez” que generó críticas internacionales por posibles irregularidades y por premiar el contrabando.
