Cívicos de Potosí marcharon en contra de los contratos para la explotación del litio

Dichos contratos fueron firmados con empresas de China y Rusia para llevar adelante la explotación del litio en Potosí

Este lunes se realizó la primera movilización en rechazo a los dos contratos del Gobierno para explotar litio del Salar de Uyuni, suscritos con empresas de China y Rusia. La población de Potosí está en contra de estos contratos que el Gobierno pretende firmar.

De esta manera, organizaciones de la sociedad civil del departamento de Potosí a la cabeza del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras organizaciones, llevaron a cabo este lunes una marcha en contra de estos contratos que ya fueron aprobados por una Comisión de la Cámara de Diputados.

Según el reporte de El Potosí, la jornada del lunes estuvo marcada por la realización de diversas movilizaciones, pues comenzó con una marcha que fue efectuada por personal de la Universidad Autónoma Tomás Frías

Luego, por la tarde, Comcipo, junto a otras instituciones y organizaciones como unidades educativas, sectores gremiales, magisterio, transportistas, mineros y otros cívicos tomaron las calles de la ciudad de Potosí.

Los marchistas llegaron al ingreso de la Catedral de esta ciudad y ahí realizaron un mitin de protesta en el que afirmaron que los contratos a los que el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, tildó de “malditos”, no deben ser aprobados.

“Estos contratos malditos no deben ser firmados ni aprobados en la Asamblea Nacional. El viernes se cometió una gran injusticia contra los potosinos al aprobarse estos contratos, que evidentemente benefician al gobierno”, dijo el cívico potosinista.

Los potosinos señalaron como “traidores a la patria” a ocho diputados que aprobaron los contratos para la producción de carbonato de litio. Los contratos fueron firmados con empresas de Rusia y China.

De la misma forma, las movilizaciones se replicaron en la ciudad de La Paz, donde activistas en apoyo a las marchas en Potosí se desplazaron hasta las puestas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Según los movilizados, el Gobierno firmó dichos contratos “a espaldas del pueblo”, pero además señalaron cuatro aspectos que consideran son irregularidades, entre ellos aseguran que los contratos atentan contra la soberanía nacional.

Añaden también que las empresas no cuentan con capital suficiente para cubrir las operaciones y a pesar de no tener la mayoría accionaria toman decisiones e imponen precios.