Gremios marcharán el próximo 13 de enero en rechazo al PGE 2025

Los gremios productivos del país y la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) advierten con marchas y movilizaciones. ¿Por qué? 

Toño Siñani, dirigente de la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) explicó que se activarán movilizaciones y protestas a partir del 13 de enero en rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE). ¿Qué rechazan? 

La falta de combustible y la subida de los productos de primera necesidad que integran la canasta familiar que están dispuestos en el PGE que marcan controles. Los gremios señalan en específico la disposición séptima del PGE. 

“Estamos preocupados (...) estamos en estado de emergencia. Entendamos que todo ha subido, pero no es porque los gremiales o productores lo que queramos subir, sino que es porque el tema del dólar no lo ha solucionado el Gobierno, que sigue mintiendo que está a Bs 6,96, pero está a más Bs 12”, precisó Siñani en una declaración que recoge Unitel. 

Hay que recordar que el PGE 2025 fue emitido por decreto el pasado 1 de enero tras su publicación en Gaceta Oficial entró en vigencia sin discusión en los próximos 60 días de plazo que tenía que ser discutido ante la Asamblea Legislativa. 

“Habiendo transcurrido el término de 60 días, sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia a partir de su publicación”, reza el polémico texto. 

Esta es la segunda vez que ocurre esto, en el 2024 ocurrió lo mismo, el PGE entró en vigencia por decreto por el mismo motivo: no se discutió ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo; los gremios no están de acuerdo en algunas cláusulas, que aseguran afectan la producción nacional. 

La norma autoriza al Ministerio de Economía a ejecutar operaciones de deuda pública ante los mercados internacionales con emisión de bonos que ascienden hasta 3.000 millones de dólares y además, brinda autorizaciones amplias para desplazar el oro de las reservas del país.