El operativo de intervención a la ANH se realizó la mañana de este martes. Foto: Facebook ABI
La mañana de este martes, la Fiscalía Departamental de La Paz, llevó a cabo la intervención de las oficinas centrales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Personal de la Fiscalía de La Paz ingresó cerca de las 09:30 horas a las oficinas de la ANH para iniciar una investigación.
Los reportes señalan que, al ingresar a la ANH en La Paz, el fiscal coordinador, Israel Rojas, aseguró que este era un acto enmarcado en la investigación por la denuncia del desvío de 14 cisternas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que habrían salido de forma irregular a distintos surtidores. Las cisternas estaban cargadas de combustible.
El operativo de intervención a la ANH se realizó la mañana de este martes, tras la denuncia del presidente Rodrigo Paz sobre el desvío de combustible en el país. El mandatario aseguró que se trataría de una red que operaba en varias instituciones y empresas públicas.
Por su parte, la directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala, aseguró que la institución pública dará toda la colaboración necesaria a las autoridades para esclarecer el caso de corrupción denunciado por el propio presidente del Estado.
A pesar de este anuncio, Ayala dio a conocer y reveló que al menos el 30% del combustible subvencionado por el Estado boliviano, es desviado para contrabando, llegando a comercializarse en países vecinos.
Otras intervenciones
En el marco de esta misma investigación y otras ya iniciadas por varios casos de corrupción, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en los cuatro departamentos de YPFB. Se investigan desvíos de combustible, cobros irregulares y otros delitos.
En el departamento de La Paz, La Fiscalía llevó a cabo el allanamiento de la planta de YPFB en Senkata, donde se evidenciaron indicios de manejo irregular del combustible, específicamente en el despacho de 14 cisternas con diésel.
“En este caso, ocho funcionarios fueron aprehendidos y se amplió la intervención a YPFB Logística y YPFB Comercial para la colecta de documentación y verificación de procedimientos”, señala un reporte de la Fiscalía General del Estado.
De la misma forma en Cochabamba las intervenciones a las oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial se realizaron dentro del caso “Servicio de Catering”, donde se presume la comisión de delitos de corrupción.
En Oruro, también se allanaron las oficinas de YPFB ante denuncias de presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenaje de combustibles, ejecutado por una empresa venezolana, donde se identificó que la primera fase tenía un costo estimado de 144.244.000 bolivianos, pero la cancelación registrada superaría los 305.168.695 bolivianos.
