La orden de aprehensión se emitió en contra de los cuatro magistrados 'autoprorrogados'. Foto: Twitter Captura video.
El Juzgado de Instrucción Primero del municipio de La Guardia, en Santa Cruz de la Sierra, emitió orden de aprehensión contra los magistrados denominados como los 'autoprorrogados' del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó ahora?
“Se dispone que sean conducidos ante el módulo policial de La Guardia y luego puestos a disposición del suscrito juzgador a fin de resolver la presente acción popular”, precisa la resolución judicial contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El juzgado también activó una alerta migratoria contra los cinco magistrados prorrogados del TCP: ¿Quiénes son? Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. En esta resolución se excluyó a Isidora Jiménez Castro, quien presentó su renuncia al cargo.
Presiones para reformas legales
Con las elecciones generales de octubre y la toma de Gobierno de Rodrigo Paz como presidente, aumentó la presión para reformar el sistema judicial y los magistrados autoprorrogados se han convertido en un problema.
El 24 de noviembre, los autoprorrogados emitieron el Auto Constitucional 0087/2025, cesándose en 10 días pero validando sus actos previos. Esto desencadenó resoluciones judiciales inmediatas.
El Juzgado Público Mixto en Materia Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia (Santa Cruz) dictó la orden de aprehensión el 25 de noviembre contra cuatro de los cinco magistrados autoprorrogados del TCP, en respuesta a una Acción Popular transversal presentada por el ciudadano Olibar Coronado Pardo.
La razón principal es la usurpación de funciones y atentado contra la seguridad jurídica del Estado, delitos tipificados en el Código Penal boliviano, derivados de la extensión irregular de sus mandatos desde diciembre de 2023.
Esto se agravó porque, incluso tras su auto de cese (0087/2025), intentaron perpetuarse, emitiendo fallos que protegían sus cargos y amenazaban a otros jueces, violando la supremacía constitucional.
El juez Rodrigo Vedia Espinoza argumentó que la prórroga fue ilegal, ya que excedió competencias del TCP y generó "una de las páginas más oscuras en la historia de la justicia", según resoluciones paralelas.
La orden de aprehensión busca garantizar su comparecencia para resolver la acción popular, evitando una fuga potencial o interferencia legal. Esta situación coincidió con que las salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz ordenaran su cese inmediato, con suspensión de salarios y custodia policial.
