La nueva ampliación de la Ley de Arraigo fue aprobada en las últimas horas. Foto: Twitter Captura
La Ley de Arraigo fue extendida en Bolivia, el presidente, Rodrigo Paz Pereira, promulgó la Ley 1709 que modifica la normativa vigente y obligatoria del territorio nacional y amplía de 90 día a seis meses la determinación.
“Se amplió el arraigo justamente porque es necesario que estén en el país todas estas autoridades que tienen que ser investigadas. De ahora en adelante hay que cumplir la ley”, precisó el diputado, Alejandro Reyes, en una declaración que recoge Brújula Digital.
En ese sentido, se cuestionó que durante el cambio de Gobierno en noviembre varias autoridades salieron del país sin control y sin medidas para que se quedaran a "responder". Incluso cuando la Ley de Arraigo estaba vigente, pero no hubo control migratorio suficiente.
“Lastimosamente, muchas autoridades designadas o electas que dejaron sus funciones violaron las salidas. Ahora Migración debe ser más clara y el Ministerio de Gobierno tiene que reforzar fronteras y aeropuertos, para que no pase lo que sucedió con Armin Dorgathen (expresidente de YPFB), que debería estar aquí”, recordó Reyes.
El gobierno de Arce enfrentó múltiples escándalos de corrupción, narcotráfico y malversación, involucrando a ministros, familiares y entidades estatales. Arce tuvo 40 ministros en total, de los cuales al menos siete estuvieron vinculados a irregularidades.
Hay que recordar que el plazo original de tres meses expiraba el 8 de febrero de 2026, por lo que la ampliación a seis meses permite más tiempo para investigaciones sobre presuntas irregularidades y corrupción. La ley se aprobó "contrarreloj" para aplicarse retroactivamente a la administración Arce, invocando principios como la preclusión para evitar que exfuncionarios evadan la justicia.
Uno de los casos más polémicos es el Caso Fondo Indígena, que es el escándalo central que llevó a la detención del expresidente, Luis Arce el 10 de diciembre de 2025. Como ministro de Economía bajo Evo Morales (2006-2019), Arce autorizó desembolsos de millones de dólares del fondo (destinado a proyectos indígenas) a cuentas personales de dirigentes afines al Movimiento al Socialismo (MÁS), resultando en proyectos no ejecutados o parciales.
La Fiscalía lo acusa de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, con detención preventiva de cinco meses en La Paz. El caso estalló en 2015, pero avanzó solo tras su salida del poder. Arce lo califica de "persecución política".
Tres de sus hijos enfrentaron denuncias. Rafael Ernesto Arce Mosqueira, en particular, acumula tres acusaciones por presunta corrupción, incluyendo malversación durante el gobierno de su padre.
