Promulgaron la Ley de Diferimiento de Créditos: conoce las advertencias de la oposición

Legisladores de la oposición habían advertido sobre riesgos para el sistema financiero por la aplicación de la Ley de Diferimiento de Créditos

Este miércoles 5 de noviembre, se conoció que el Gobierno de Luis Arce promulgó la Ley de Diferimiento de Créditos, que aplaza por seis meses el pago de cuotas de créditos de vivienda social y de pequeños emprendimientos económicos.

Se trata de la Ley 1670 “de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña”.

Esta norma, conocida como la Ley de Diferimiento de Créditos, fue promulgada y ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado. Esta norma tiene el objetivo de proteger a los prestatarios de créditos de vivienda social y pequeños emprendedores en medio de la crisis económica en Bolivia.

Es así que solo un par de días antes de su salida, el Gobierno de Luis Arce promulgó esta norma, que fue sancionada por el Legislativo la semana pasada en medio de críticas por parte de la oposición que advierte próximos problemas en el sistema financiero de Bolivia.

Las advertencias

La Ley de Diferimiento de Créditos causó polémica debido a que varios legisladores advirtieron que la medida podría generar riesgos en el sistema financiero tras su aplicación, sin embargo, desde el MAS rechazaron estas observaciones.

La normativa señala que de forma “excepcional” por el lapso de seis meses no se procederá con los embargos o ejecuciones de sentencias por incumplimiento de pago de cuotas de los créditos de vivienda social y de pequeños emprendimientos.

De la misma manera, la Ley de Diferimiento de Créditos determina el diferimiento del pago de cuotas bancarias de préstamos destinados a viviendas sociales y a pequeñas unidades económicas durante seis meses.

En ese sentido se conoce que al menos 1,4 millones de prestatarios dejarán de pagar los créditos, multas e intereses por un lapso de seis meses, esto según la oposición de la Asamblea Legislativa podría generar riesgos en el sistema financiero.

Debido a que los prestatarios dejarán de pagar sus créditos por seis meses los bancos, que necesitan recibir dinero en efectivo, podrían tener dificultades para cubrir sus obligaciones. De la misma manera el fujo monetario se reduciría y, por lo tanto, las operaciones bancarias y la otorgación de nuevos créditos podrá verse afectada.