CIDH falla en contra del Estado boliviano por la violación de DD.HH. en el caso Blas Valencia
La CIDH condenó la vulneración de los Derechos Humanos cometidos el uso desmedido de violencia durante la investigación del del atraco a un automóvil blindado que trasportaba valores en 2001.
La CIDH condenó la vulneración de los Derechos Humanos cometidos el uso desmedido de violencia durante la investigación del del atraco a un automóvil blindado que trasportaba valores en 2001.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer una sentencia en el “Casso Blas Valencia”. En la sentencia la CIDH señaló que el Estado es responsable de la violación a diversos derechos humanos de 26 personas, involucradas en los allanamientos y detenciones realizadas durante la investigación del atraco a un automóvil que trasportaba valores en La Paz en 2001 durante el Gobierno de Jorge Quiroga.
La sentencia de la CIDH que encontró culpable al Estado Boliviano por la violación a los derechos a la libertad personal, a la vida privada, al domicilio, a la protección de la familia, al derecho de propiedad, a la integridad personal, al derecho de la mujer a vivir libre de violencia, los derechos de la niñez, el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales, la protección judicial, a la honra y dignidad así como el deber de investigar actos de tortura y la violencia contra la mujer, dispuso que las víctimas serán indemnizadas por el Estado por unos 800 mil dólares.
El tribunal consideró que los allanamientos y detenciones de las personas que no estaban relacionadas con el atraco y que fueron presentadas ante los medios como delincuentes sin antes comparecer ante la justicia, son contrarias a la normativa vigente al momento, además por el uso desmedido de violencia señalaron que se vulneraron diversos derechos humanos.
El principal implicado en el atraco registrado en 2001, fue el expolicía Blas Valencia, quien acudió ante la CIDH, junto a su familia y otras personas involucradas en el caso, para denunciar las violaciones cometidas a sus derechos humanos durante la detención y allanamiento a sus viviendas.
El caso fue iniciado después de que el 14 de diciembre de 2021, un grupo de personas armadas asaltó un vehículo de la transportadora de valores Prosegur en la avenida Kantutani de la zona sur paceña, de donde se robaron 385 mil dólares.
El hecho delictivo sacudió a la población por la forma en que operaron los asaltantes, casi nunca vista en el país pues tras interceptar al carro blindado, con armas de guerra, asesinaron a dos policías y un empleado civil.
Las investigaciones apuntaron al entonces coronel Blas Valencia como el cabecilla de la banda delincuencial, la cual contaba con otros 16 integrantes, entre ellos un mayor de la Policía, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y miembros de su familia.
Tras dos días, el 18 de diciembre de 2001, un operativo policial allanó de manera violenta varios inmuebles, sin contar con orden judicial para llevarlos a cabo, sin embargo, se arrestaron a las personas que supuestamente estaban involucradas en el atraco.
En dichos operativos se cometió la violación a los derechos humanos de 26 personas, que denunciaron haber sido torturadas sexualmente, maltratadas y violentadas. Dichas denuncias figuran en el fallo de la CIDH y señala que además se violaron derechos de menores.
“Durante los allanamientos nocturnos se afectaron de forma desproporcionada los derechos de los niños y adolescentes, así como el derecho a la vida familiar. Las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones”, dice la sentencia.
En ese sentido dos años después, en 2023, la justicia boliviana dictó una sentencia para los implicados en el atraco. El excoronel Blas Valencia fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por asesinar a dos policías durante el atraco.